El 16 de julio de 2016 Turquía sufrió un convulsionado intento de golpe de Estado. Su presidente, Recep Tayyip Erdoğan, respondió imponiendo el estado de emergencia que otorgaba amplios poderes al Ejecutivo permitiéndole gobernar mediante decretos-ley. Durante sus dos años de aplicación, la medida fue duramente criticada por funcionarios opositores, ciudadanos turcos e incluso por Naciones Unidas, que acusó a Turquía de “violaciones profundas de los derechos humanos”.
El estado de emergencia ha sido una resolución impopular, de manera que Erdogan durante su campaña presidencial prometió finalizarlo, el cual expiró el 18 de junio. Pocos días después el Parlamento aprobó una nueva ley “antiterrorista” bajo el pretexto de combatir las amenazas a la seguridad nacional. La ley refuerza las facultades de las autoridades para detener a sospechosos, imponer el orden público y prolongar detenciones provisionales. Asimismo, permite al gobierno nacional retirar de sus cargos a militares, policías y funcionarios públicos por vínculos con grupos extremistas y le confiere a Erdogan amplios poderes para reprimir la disidencia política.
La Unión Europea erigió una de las críticas más severas en tanto advirtió que las medidas de seguridad impiden el restablecimiento de los valores democráticos. El nuevo paquete busca cubrir con un velo de legalidad varias de las medidas que han sido utilizadas en el antiguo estado de emergencia. Podría ser considerado como un instrumento que garantizaría la disminución de las críticas por parte de la comunidad internacional.
La nueva ley antiterrorista y el nuevo régimen presidencialista turco profundizan el sendero poco democrático que ha caracterizado a Turquía, particularmente luego de la intentona golpista.
FUENTE: Abril Manalí Muñoz / IREMAI – Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico – Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
