La Confederación Sindical Internacional (CSI), entidad que reúne a centrales sindicales de todo el mundo, recientemente publicó el índice de derechos mundiales de 2018. En el informe se enumeran los diez peores países para los trabajadores en 2018: Argelia, Bangladesh, Camboya, Colombia, Egipto, Guatemala, Kazajstán, Filipinas, Arabia Saudita y Turquía.
En el caso de Turquía, tras el intento de golpe de Estado en julio de 2016 las libertades civiles han sido severamente oprimidas en el país y los sindicatos y sus miembros han sido blanco sistemático de represión, bajo la excusa del estado de emergencia.
Solo en abril de 2017, más de 2.125 personas fueron detenidas y 3.974 trabajadores fueron despedidos de los servicios públicos. Durante este año, el gobierno prohibió numerosas huelgas organizadas en los sectores del vidrio y el metal al considerarlas “perjudiciales para la seguridad nacional”.
También en abril de 2017, 14 funcionarios de TUMTIS (sindicato de trabajadores), incluido el presidente de la filial de Ankara, Nurettin Kilicdogan, fueron condenados a penas de entre un año y medio y seis años y medio por reclutar nuevos miembros y “obstruir la libertad de realizar negocios”. Mientras tanto, Zeynep Celik, enfermera y ex miembro del Comité Ejecutivo de DISK (Confederación Revolucionaria de Trabajadores), también fue encarcelada en mayo de 2017.
En agosto del mismo año, 682 docentes de las provincias sudorientales, todos miembros de Egitim-Sen (Unión de Trabajadores de la Educación), fueron objeto de reasignación obligatoria en otras provincias por “participar en marchas contrarias a la lucha de la República Turca contra el terrorismo”. En febrero de 2018, Elif Cuhadar, miembro del Comité Ejecutivo de KESK (Unión de Empleados Públicos), fue arrestada por declaraciones que había hecho durante un panel de discusión en 2014. Otros tres miembros del sindicato del servicio público, Cagdas Yazici, Recep Temel e Idil Ugurlu, fueron detenidos sin el debido proceso en marzo de 2018.
Las empresas dieron la bienvenida al estado de emergencia de Turquía porque, bajo la justificación de proteger al país del terrorismo, evita que los trabajadores salgan a la huelga.
“El estado de emergencia solo afecta a los terroristas. Ahora está evitando huelgas laborales, como el ataque de Bursa, que detuvimos de inmediato. Es una lucha contra el terrorismo”, manifestó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en un discurso ante el lobby empresarial de DEIK, que representa al sector privado de ultramar del país.
“Cuando nuestra gente de negocios dice que el estado de emergencia debería levantarse, nos molesta… Continuaremos extendiéndolo por la paz de nuestro país. Sí lo haremos, por décima vez si es necesario”, aseguró el mandatario.
Bajo el régimen de emergencia, ahora con el nuevo nombre de ley antiterrorista, las huelgas, las protestas y las manifestaciones de desobediencia civil pueden prohibirse por razones de seguridad.
Además de todo esto, las muertes en los lugares de trabajo han aumentado en un 14 por ciento bajo el estado de emergencia, medida tomada entre el 21 de julio de 2016 y el 18 de julio de 2018, ya que al menos 3.960 trabajadores perdieron la vida mientras desempeñaban sus labores.
FUENTE: The Region / Edición y traducción: Kurdistán América Latina
