Ankara está bloqueando todos los accesos a investigaciones independientes sobre los abusos contra civiles en el sureste de Turquía, donde las fuerzas de seguridad están luchando contra combatientes kurdos, denuncia la organización internacional en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.
Algunos de los supuestos abusos contra la población civil incluyen homicidios, desplazamientos a escala masiva y destrucción ilegal de la propiedad privada, según el informe de HRW.
“Preocupaciones sobre un gran encubrimiento”
“El Gobierno debe conceder sin demora a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el permiso para entrar en la zona e investigar de acuerdo con sus normas”, reza el comunicado.
Según Emma Sinclair-Webb, investigadora principal de Turquía de HRW, el bloqueo de Ankara fomenta “preocupaciones sobre un gran encubrimiento”.
Existen “informaciones creíbles de que las fuerzas de seguridad turcas han matado deliberadamente a civiles, incluidos niños, que llevaban banderas blancas o estaban atrapados en los sótanos”, afirma la representante de Human Rights Watch, que opina que estas evidencias “deben hacer sonar fuertemente las campanas de alarma”.
Según HRW, al menos 338 civiles han muerto en los enfrentamientos desde la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, mientras que otras estimaciones oscilan entre 500 y 1.000 civiles muertos.
La mayor parte de la destrucción se ha producido en nueve ciudades en el sureste de Turquía, incluida la ciudad fronteriza de Cizre.
“El fiscal de Cizre debe llevar a cabo una investigación completa, efectiva e independiente para garantizar justicia a las víctimas”, insta el informe.
“Investigar a fondo y de manera efectiva todas las denuncias”
Según la organización internacional de derechos humanos, se han introducido “toques de queda durante las veinticuatro horas en 22 pueblos y barrios de las ciudades”, que prohíben todo movimiento sin permiso e impiden el acceso de las organizaciones no gubernamentales, periodistas y abogados.
“Las autoridades han impedido a los grupos de derechos –incluido Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos– tratar de documentar los abusos, incluso después de que los toques de queda y las operaciones terminaran”, indica HRW.
Sinclair-Webb insiste en que “los fiscales deben investigar a fondo y de manera efectiva todas las denuncias de abusos por parte de las fuerzas estatales y grupos armados”, y no se deben permitir “medidas legales o extralegales” que garanticen la impunidad de los responsables de estos crímenes.
Pese a la creciente evidencia de abusos, el Gobierno turco niega las acusaciones de haber atacado a civiles en sus operaciones militares.
FUENTE: Russia Today
