Yihadistas que ocupan Afrin continúan asesinando y secuestrando a los civiles

Abdurehman Îbiş Biko, de 38 años, vivía en la aldea de Kurzele, en el distrito Sherawa, en el cantón kurdo de Afrin, y fue secuestrado hace dos meses por el grupo terrorista Al Hamzat, respaldado por Turquía. Biko fue sometido a fuertes torturas por parte de los mercenarios yihadistas.

El hombre fue liberado a cambio de un rescate, que su familia pagó hace 20 días. Después de sufrir profundas heridas durante el cautiverio a manos de los mercenarios, Biko falleció. El hombre estaba casado, tenía tres hijos y trabajaba en un restaurante en Afrin.

El sábado pasado, la organización de derechos humanos de Afrin denunció que Mihemed Mistefa Yusif, de 18 años, fue colgado de un nogal frente a su casa, en la aldea de Mêrkan, en el distrito de Mabeta de Afrin. Su familia se había mudado a Mêrkan después de que el grupo terrorista Liwa Samarcanda, respaldado por Turquía, confiscara su casa en Hec Qasim.

Según fuentes locales, el joven kurdo fue asesinado por las fuerzas de ocupación porque se negó a ser reclutado como mercenario para una misión en Libia. Anteriormente, había sido presionado para viajar junto con Ebdo Şêxo, un joven de la zona de Rota.

Este lunes también se conoció que los yihadistas de Liwa Samarcanda secuestraron a siete personas, incluidos dos menores, de la aldea de Mezin, en el distrito de Afra, en Sherawa. Las personas secuestradas son Ehmed Ezîz y su hijo Xalid Ezîz, Ebdulkerîm Hemade y su hijo Rêzan Hemade, y Nîzar Şikrî Çîlo. Se desconocen los nombres de los otros secuestrados. Los mercenarios están exigiendo rescate por su liberación.

Afrin está ocupada por Turquía desde marzo de 2018. Los secuestros son una fuente de ingresos para los mercenarios yihadistas que respalda el estado turco. Desde el comienzo de la ocupación de Afrin, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra han crecido exponencialmente en lo que alguna vez fue la región más segura de toda Siria. Además de una política colonial, Turquía continúa practicando una política de limpieza étnica, por lo cual cientos de miles de personas fueron expulsados de sus tierras. El cambio demográfico impulsado por Turquía y sus fuerzas de invasión, y los crímenes como el secuestro, la tortura, la extorsión y el asesinato, ocurren con la aprobación de facto de la comunidad internacional.

Solo entre marzo de 2018 y noviembre de 2019, la Asociación de Derechos Humanos de Afrin documentó 1.200 casos de violencia por parte de las fuerzas de ocupación. Según los datos, 40 mujeres fueron asesinadas, 60 se convirtieron en blanco de violencia sexual, 100 mujeres fueron torturadas físicamente, y casi 1.000 mujeres fueron secuestradas. El número de casos es probablemente mucho mayor. A su vez, al menos cinco mujeres se quitaron la vida en el mismo período como resultado de la violencia de las fuerzas de ocupación.

Al mismo tiempo, Turquía entrenó a miles de mercenarios de Siria, principalmente árabes y turcomanos, y los envió a Libia en apoyo al Gobierno de Acuerdo nacional (GAN), con sede en Trípoli, controlado por la Hermandad Musulmana. En junio, se nombraron hasta 7.000 representantes de Turquía en Libia. Una gran proporción fue reclutada dentro de las milicias predominantemente turcomanas Sultan Murad y Suleiman Shah, y el Frente Sham dominado por los árabes. A principios de junio, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) informó que unos 3.000 yihadistas habían sido entrenados en Turquía para la misión a Libia. Se calcula que hasta el momento, 339 mercenarios enviados por Turquía murieron en Libia.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina