Este domingo 16 de abril fue celebrado un referéndum Turquía pese a que en el país aun sigue vigente el estado de Emergencia declarado desde el 15 de julio del 2016, después del “frustrado” intento de golpe de Estado hábilmente aprovechado por el presidente Recep Tayyip Erdogan.
En Turquía no hay ley, no hay reglas, no hay garantías sobre ninguno de los derechos establecidos constitucionalmente.
Detenciones masivas de militantes políticos y periodistas, de los mayores referentes del partido opositor (HDP) e incluso de los intendentes y gobernadores elegidos democráticamente que fueron desplazados de sus cargos y reemplazados por funcionarios del partido gobernante (AKP), es el contexto en el cuál se llevó a cabo este referéndum cuyo objetivo es modificar la Constitución para dar paso a un tipo de gobierno presidencialista, en reemplazo del actual sistema parlamentario. Esto otorgaría poderes y atribuciones extraordinarias al mandatario, quien ha dado muestras claras de intervención tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial, incidiendo y presionando en forma directa sobre la labor de sus respectivos representantes.
Los pocos observadores internacionales que lograron ingresar al país fueron claros en su informe sobre el referéndum. Sole Parev, referente en Italia del Movimiento de Mujeres Kurdas, declaró que “el referéndum constitucional se llevó a cabo bajo un estado de Emergencia, permitiendo así las detenciones de los miembros del partido (HDP) y los periodistas, e incluso de los representantes oficiales de los partidos de la oposición que fueron removidos en el último minuto y sustituidos por el AKP en los centros de votación”. A esto, Parev agregó que “no había suficientes observadores oficiales de organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o la OSCE”.
Los observadores internacionales enumeraron las irregularidades durante el referéndum:
-Fuerte presencia de fuerzas militares y policiales armadas, tanto en el exterior como en el interior de las mesas electorales.
-El acceso fue restringido o denegado en la mayoría de las mesas electorales que visitaron.
-Controles de identidad y, en algunos casos, requisas corporales en los puestos de control durante los traslados de los observadores.
-Verificación de identidad en las mesas electorales. Los pasaportes de los observadores fueron retenidos y luego fotografiados antes de volver a entregarlos.
-Un equipo de observadores fue amenazado con ser arrestado si no salía de una mesa de votación inmediatamente.
-Este mismo equipo fue expulsado físicamente por representantes del AKP y expulsado de la mesa de votación.
– Vigilancia y controles constantes de los grupos de observadores por parte de las fuerzas policiales o representantes del AKP.
-Las visitas a los centros de votación se realizaron bajo presión y con la intención de intimidación.
Todo lo anterior no cumple con los convenios internacionales firmados por Turquía ni las leyes nacionales del propio país.
Los observadores, llegados desde Alemania, Bélgica, Francia, Noruega, Italia y Suiza, expresaron su “más profunda preocupación por las medidas de intimidación” y “por la falta de transparencia que se experimenta al supervisar el proceso de votación, lo que debe garantizarse en condiciones democráticas normales”, según un comunicado difundido por el portal www.uikionlus.com.
En este clima fue desarrollado el referéndum: repleto de sospechas y de muestras contundentes de fraude, como puede observarse en los vídeos que se han viralizado y en las cientos de denuncias ante la justicia electoral que dan cuenta de más de 3.000.000 de votos cuestionados y más de 7000 urnas que aún no se sabe dónde están.
FUENTE: Nathalia Benavides, desde Bakur (Kurdistán turco)
