El gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no escatima esfuerzos en su objetivo de destruir la revolución que los kurdos, juntos a otros pueblos, llevan adelante en el Kurdistán sirio (Rojava). Además de los bombardeos aéreos, el fuego de artillería y la invasión militar abierta al norte de Siria, el Estado turco incendia campos cultivados, y corta el suministro de agua a través de las represas que tiene diseminada en su territorio sobre el caudal del río Éufrates.
Los peligros que genera en Rojava esta política punitiva se acrecentaron con la pandemia de coronavirus, de la cual el territorio sirio no es ajeno. La Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), que impulsa el autogobierno en la región, solicitó en varias oportunidades ayuda urgente para combatir la Covid-19. Hasta ahora, casi nadie respondió a ese llamado. Al no ser reconocida internacionalmente (aunque controla y administra casi el 40 por ciento del territorio sirio), la AANES sufre un nuevo bloqueo, el embargo de facto que le aplica Turquía y el Gobierno Regional de Kurdistán (norte de Irak). La Organización Mundial de Salud (OMS) negó enviar ayuda a la AANES, por el cual todos los suministros deben pasar por el gobierno central de Damasco.
En marzo de 2018, Turquía invadió el cantón kurdo de Afrin. Luego de dos meses de bombardeos, lo ocupó con sus fuerzas militares y un variopinto grupo de mercenarios y yihadistas, muchos de ellos ex integrantes de Al Qaeda y el Estado Islámico. En octubre pasado, Ankara volvió a la carga y ocupó una franja de unos 200 kilómetros entre las ciudades de Tel Abyad y Serekaniye. En ambos casos, el gobierno turco envió armamento y funcionarios que gobiernan de facto con el apoyo de milicias islamistas. Con la ocupación, en ambas zonas los saqueos de casas e instituciones, el secuestro y asesinato de personas, y los atentados se convirtieron en moneda corriente.
Si todo esto no fuera poco, Turquía trata de ahogar a la población de Rojava con un método medieval: incendiar grandes zonas cultivadas en una zona en donde la agricultura es su principal fuente económica. El jueves, la agencia de noticias ANHA divulgó un informe en el que afirma que en los últimos meses fueron incendiadas un alrededor de 40.500 hectáreas de trigo y cebada, y 154 hectáreas de olivos. La mayoría de los incendios fueron provocados en los asentamientos situados en la frontera de las zonas ocupadas por el Estado turco.
En declaraciones a ANHA, Selman Barûdo, co-presidenta del Comité de Economía y Agricultura de la AANES, denunció que hasta tres civiles murieron cuando trataban de extinguir el fuego y otros dos resultaron heridos. Según los datos del Comité de Economía y Agricultura de la AANES, el año pasado fueron incendiadas por las fuerzas ocupantes un total de 176.240 hectáreas de tierras cultivadas.
Al mismo tiempo, el gobierno turco utiliza los cortes de suministro de agua para presionar a la población de Rojava. Según la agencia de noticias ANF, el río Éufrates, que cruza el norte de Kurdistán, “está casi completamente bajo control turco debido a un sistema de represas”, por lo cual “Turquía puede modificar a su antojo el flujo de agua” hacia la región.
La afluencia del Éufrates en la actualidad se redujo hasta 150 metros cúbicos de agua por segundo. La agencia ANF recordó que en el acuerdo “firmado entre el gobierno sirio y Turquía en 1977, se determinó un mínimo de volumen de 500 metros cúbicos por segundo”. Desde el medio remarcaron que esta situación “no solo restringe la agricultura y el suministro de agua, sino que también crea serios problemas para la generación de electricidad, ya que las plantas de la región no pueden funcionar”.
Sobre el Éufrates existen tres represas en un radio de 600 kilómetros del territorio sirio, siendo el más grande el embalse Tişrîn, situado en la ciudad de Manbij. Del lado turco, hay seis represas, siendo el embalse Ataturk el segundo más grande de su clase en Medio Oriente, con la capacidad de almacenar aproximadamente unos 48 mil millones de metros cúbicos de agua.
Frente al panorama actual, Mihemed Tarbuş, director del embalse Tişrîn, advirtió que “reducir la cantidad de agua desde Turquía puede ser peligroso para las represas. Si continúa así, se volverá una amenaza en unos dos meses”.
Otra arma de guerra de Turquía para reforzar la ocupación de varias zonas de Rojava, es el cambio demográfico de la población originaria de la región. El lunes, la copresidenta de Consejo Democrático Sirio (MSD) Ilham Ahmed se refirió a este tema durante una reunión en el barrio autónomo de Sheikh Maqsoud, en la provincia de Alepo. La cotitular del MSD –uno de los principales órganos de autogobierno dentro de la AANES- recordó que “ciento de miles” de personas fueron desplazadas por la invasión turca. Ahmed recordó que el Estado turco intenta “completar su proyecto de asentamiento, que está cambiando la composición de la población en la región y destruyendo la identidad histórica de la zona”.
Sólo en Afrin, unas 250.000 personas fueron desplazadas de manera forzosa luego de la invasión de Turquía, la mayoría de las cuales se encuentran en campamentos de refugiados en la zona de Shehba, sobreviviendo de manera crítica pese a la asistencia de la AANES. La metodología de Turquía es expulsar a los pobladores y reemplazarlo por familias enteras de grupos yihadistas, incluido el Estado Islámico (ISIS).
Por ahora, y más allá de las denuncias realizadas por la AANES, ni a la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) ni a ninguna potencia mundial le interesa demasiado molestar a Erdogan y sus planes militares de destrucción y expansión.
FUENTE: Leandro Albani / Revista Crisis
