El estado de emergencia impuesto en Turquía se utiliza como una justificación para llevar a cabo masivas violaciones al derecho a la educación y al derecho al trabajo, y ha llevado a la pobreza a muchas personas, denunció este jueves un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas.
“El despido de hasta 134.000 funcionarios públicos, sin el debido proceso o acceso a una compensación, por supuesta relación con organizaciones que el Gobierno ha decidido proscribir, no se puede justificar”, dijeron en un comunicado.
La denuncia fue realizada por Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza; David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección del derecho de opinión y de expresión; Maina Kiai, relator especial de la ONU sobre el derecho a la manifestación pacífica; y Koumbou Boly Barry, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la Educación.
Esta crítica aparece unos días antes de que en Turquía se lleve a cabo el referéndum para modificar la Constitución, polémica medida impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Los expertos de la ONU indicaron que incluso bajo el estado de emergencia, los derechos económicos, sociales y culturales sólo puede limitarse si respetan los propios derechos y “sólo con el propósito de promover el bien común en una sociedad democrática”.
“Pero no ha habido ninguna intención de mostrar que estas medidas, que han destruido las carreras y los medios de vida de decenas de miles de personas, cumplen estos criterios”, argumentaron los especialistas.
Los relatores de Naciones Unidas sostienen que el derecho a la educación ha sido especialmente dañado dado que se han cerrado 1.000 escuelas y 15 universidades, y se ha despedido a miles de profesores.
En la investigación también se remarca que los dirigentes sindicales han sido especialmente afectados, incluidos 10.000 profesores que eran miembros del sindicato de la Educación y que han perdido sus empleos.
Asimismo, indicaron que 200 medios de comunicación han sido clausurados, con lo que más allá de la pérdida de la forma en que se ganaban la vida los periodistas afectados, “la capacidad de celebrar un debate equilibrado sobre el referéndum se ha socavado”.
El comunicado pone énfasis en el hecho de que de aprobarse la reforma constitucional, el presidente tendrá la capacidad de establecer individualmente el estado de emergencia y promulgar las normas al respecto que desee.
“Dada la naturaleza arbitraria de los decretos de emergencia aprobados desde julio de 2016, existe una seria preocupación de que esos poderes puedan ser usados de manera que exacerben las grandes violaciones ya existentes a los derechos económicos, sociales y culturales”, concluyeron los expertos de Naciones Unidas.
FUENTE: Agencia Efe
