“Salid a las calles para defender la democracia”, llamaba el presidente de Turquía, Recep Tayin Erdogan, escondido en un remoto lugar a través de de un teléfono con “FaceTime”, mientras el país que controla trataba de parar los tanques en las calles y esquivaba las balas de un grupo de militares que intentó el golpe de Estado la noche del 15 de julio. Y la gente salió. Y la gente paró el golpe.
Las purgas, el efervescente autoritarismo de Erdogan, la renuncia a la Convención Europea de los Derechos Humanos y el impuesto estado de emergencia son las duras consecuencias del contragolpe. Mientras, una parte de la población llena cada noche la plaza de Taksim, un punto de referencia para las fuerzas democráticas y progresistas del país que ahora ocupan los seguidores del presidente, al grito de “Allah Akbar” (Alá es grande). Otra trata de caminar sin llamar la atención. Ya no basta con estar en contra de la violencia y el golpe, sino que ahora el punto de mira se siente tan solo con tener una idea contraria a la ideología al partido dirigente, AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), o justificar una mínima relación con la supuesta cabeza del golpe, su gran ex compañero y ahora gran rival, Fethullah Gulen. Tanto es así, que “la limpieza”, como la llama Erdogan, se ha cobrado más de 60.000 detenciones o destituciones de puestos de trabajo en las administraciones públicas, fuerzas armadas, en educación, incluso cierre de medios de comunicación y retirada de tarjetas a periodistas que ejercían su labor de informar.
Pero entre el caos y la incertidumbre, hay quien no se calla. “¿De qué democracia podemos hablar con Recep Tayyip Erdogan en el poder?”, se pregunta una y otra vez Eren Keskin. Habla con conocimiento de causa: activista y abogada kurda, lleva más de la mitad de su vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, la han intentado asesinar dos veces a punta de pistola en su propio despacho, ha estado en la cárcel y sobre ella pesa una orden de prohibición de salir de su propio país.
Keskin estuvo en prisión en 1995. Su delito: un artículo que llamaba a un cese el fuego entre el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y las fuerzas del gobierno. En la cárcel, conoció la otra cara de un país oprimido y que no avanza en derechos humanos. Se convirtió en los ojos y oídos de cientos de mujeres y transexuales que habían sufrido violaciones y abusos sexuales por parte de las autoridades. Nada más salir de entre las rejas, cofundó un bufete de asistencia legal. “La violación es utilizada como método de tortura en todas las guerras. En estos momentos tenemos más de 500 casos contra autoridades acusadas de violación. El comienzo fue difícil porque las mujeres tenían miedo y vergüenza; se sentían sucias. En este país, el honor de una mujer y también de su familia se valora en la sexualidad de esta”, explica la abogada. Durante los 20 años que lleva luchando en este proyecto, los acusados han sido absueltos por la justicia turca, incluso han ascendido de rango, aunque algunos sí han sido penados por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
En la agenda de Keskin hay muchos desafíos. Cambiar la ley fue uno de ellos porque la forma en la que estaba redactada caracterizaba el crimen de violación como una falta contra la ética y la familia, no contra su persona misma. Tampoco existía una definición de acoso sexual y los protocolos para las pruebas de virginidad estaban diseñados para disuadir y castigar a las mujeres más que para documentar el delito. “Criticábamos que las pruebas para procesar a un agente estatal solo podían ser proporcionadas por otra institución del Estado. Gracias a nuestro trabajo, en el año 2005 se produjeron mejoras en la normativa. Ahora los tribunales aceptan informes de daños psicológicos elaborados por clínicas privadas”, celebra Eren.
Según la abogada, los golpes de Estado militares no son un acontecimiento extraordinario en Turquía. No es el primero en el que está presente, sino que también vivió en carne y hueso uno de los más duros, el que atropelló al país en 1960. “Estamos expuestos a un golpe de Estado en cualquier momento y a un estado de emergencia constante. El problema no son estos que llaman la atención internacional, sino los que se producen diariamente y sistemáticamente en un país donde no existe separación de poderes y que están en manos de los militares”, critica. Sin embargo, desde hace unos días con la aprobación autoritaria de tres meses del estado de emergencia, el poder militar también está en las manos de Erdogan.
En un momento de inestabilidad como este, las medidas tomadas están más cerca de un fascismo que del Estado de derecho que Erdogan llamaba a defender con la vida. La purga fue el comienzo y a ello le siguió la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que aumenta el miedo y el caos en las calles no solo para las personas autóctonas, sino también para la comunidad refugiada que supera los tres millones de desarraigadas. “El Estado de la república turca declara que retira esta convención, pero esto ya lo hemos vivido y vivimos desde hace décadas en estado de emergencia en Kurdistán, donde mucha gente desapareció durante las detenciones y también asesinada por para militares. El derecho a la vida y el de no ser torturado es algo que debería estar garantizado, pero nos hemos topado con prácticas que demuestran todo lo contrario”, avisa Eren. Y es que la historia se repite. En la última semana Amnistía Internacional ha acusado a las autoridades turcas de violar gravemente los derechos de los detenidos durante las purgas tras el golpe como “violaciones con porras, golpes, la negación de alimentos, medicamentos, agua y amenazas”, según su comunicado.
Keskin fue testigo de lo que se vive en un cárcel turca y la cárcel no son solo cuatro paredes físicas. La prisión, es que te arrebaten tus libertades y derechos. Bajo el polémico artículo 301 del Código Penal que juzga y criminaliza el insulto en contra del Estado y sus instituciones, esta activista fue acusada y condenada. La libertad de prensa y expresión también le fueron negadas cuando dirigía el único periódico que se edita íntegramente en kurdo en Turquía, Özgür Gündem, y por esto tiene 99 juicios pendientes. “Hablar de la violación de una mujer o un menor por un miembro de la autoridad, se considera insulto para el Estado, por lo que se me aplica el artículo 301 y entre otras cosas no puedo viajar fuera de mi país”.
A pesar de todo lo que está ocurriendo en Turquía, la puerta entre Oriente y Occidente, “la comunidad internacional calla y casi todos los acuerdos de la Unión Europea se firman junto a Turquía, a pesar de que aún no es miembro. Los intereses no quieren entender de derechos”, sentencia la activista.
A todo esto, en Taksim se respira un ambiente de campaña electoral. Erdogan sigue ganando seguidores, mientras que los barrios más progres, kemalistas y alevitas, sufren constantes abusos y agresiones por un islamismo extremo que nada tiene que ver con la religión, sino con la cultura de la dominación en un país donde conviven la laicidad y la interculturalidad. Las imágenes de Ataturk, fundador de la Turquía moderna como Estado constitucional-secular que se mantenía bajo el paraguas del ejército turco frenaba los avances del fundamentalismo, sin embargo, ahora está siendo sustituidas por banderas e iconos de Erdogan. Nadie habla en la calle sobre el tema. Todos miden sus palabras.
“La ideología del Estado turco está basada en asustar a la población”, asegura Keskin. Sin embargo, “los que tienen miedo ahora son las fuerzas del poder presidencial porque se están enfrentando entre ellos. Tienen miedo y no confían el uno del otro”. Miedo. Miedo es una palabra que ya no existe en el diccionario de esta activista perseguida, que sobrevive a los ataques. “Ya no tengo miedo. He sido oprimida y el miedo me ha dado la fuerza para librarme eso. Para los defensores de los derechos humanos y los demócratas, ¿de qué puede servir el miedo?”. Acaba la entrevista, y Eren le sonríe al miedo.
FUENTE: Lucía Muñoz/ http://www.pikaramagazine.com/ – Artículo publicado el 29 de julio de 2016
