Cómo las mujeres árabes se convirtieron en “ciudadanas de segunda”

El primer intento sistemático de intervención estatal en el ámbito familiar árabe tuvo lugar durante el Imperio Otomano, con el Código de Familia de 1917. A partir del movimiento generado por la revolución de los Jóvenes Turcos en 1908, se buscó renovar la sociedad otomana y la transición al constitucionalismo. Ello incluía la necesidad de reemplazar la tradicional familia patrilineal por una nuclear y monogámica. Sin embargo, no se pudo abolir la poligamia, ya que ello entraba en conflicto con la ley islámica, aunque sí establecer regulaciones que restringieron su práctica. El Código incluía a su vez secciones separadas para cristianos y judíos viviendo bajo el Imperio y sujetos a sus propias leyes religiosas. Este intento fue resistido tanto por los clérigos musulmanes como por las minorías, que consideraron intolerable la interferencia estatal en sus esferas de regulación autónoma. Además, esta tentativa fallida de controlar los intereses comunales y religiosos llegaba en el momento de mayor fragilidad del Imperio Otomano y no tuvo el efecto deseado.

Tras su caída definitiva luego de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países árabes que estaban bajo la órbita otomana transitaron un proceso de colonización europea que tuvo un fuerte impacto en la forma en la que se percibía y conformaba la delimitación entre el espacio público (masculino) y privado o doméstico (femenino). En algunos países, como Argelia, esta presencia colonial había comenzado en 1830 mientras que en otros, como Iraq, Siria y Líbano recién se instaló en la segunda década del siglo XX. En todos los países, sin embargo, las políticas coloniales hicieron mella en la formulación de un sistema de jerarquía de género evidenciada en el desigual acceso a los derechos políticos y sociales. Luego de la partida europea, a mediados del siglo XX, las burguesías locales continuaron y profundizaron esta impronta.

Las medidas tomadas por los estados poscoloniales para delimitar el acceso a la ciudadanía se plasmaron en la legislación familiar. Ésta, sumada al desarrollo de los programas educativos y otras políticas de control social, no favorecieron la emancipación femenina sino que degradaron la posición social de la mujer. Ello se dio básicamente por dos razones. La primera relativa a que las medidas para la emancipación femenina no coinciden necesariamente con el impulso democratizador y la creación de una sociedad civil, en la que sus intereses se vean representados. Por el contrario, esta labor fue llevada adelante por gobiernos autoritarios que buscaron controlar o tutelar esos intereses. Los mismos dirigentes que garantizaban nuevos derechos para las mujeres eran los que proscribían asociaciones y organizaciones autónomas allí donde existían.

En segundo término, los controles comunales sobre las mujeres continuaron creciendo y en algunos casos se intensificaron. Ello sucedió en contextos plagados de contradicciones. La penetración del modo de producción capitalista llevó, en muchos casos, al desmembramiento de las comunidades, el ensanchamiento de la brecha entre clases sociales y el debilitamiento de la solidaridad familiar. Con las masivas migraciones del campo a las urbes, la red de protección/control hacia las mujeres se amplió y las tradicionales relaciones de autoridad de hombres hacia ellas -y entre las mayores a las jóvenes- se extendieron. Además, el fracaso en la repartición igualitaria de recursos creó redes clientelares de privilegio en el acceso al empleo o al crédito. Ello estancó la movilidad social, lo cual agravó las tensiones existentes entre clases y clivajes.

Así, las estructuras estatales construidas a partir de las independencias tuvieron el foco puesto en la posición social de las mujeres y su participación en el espacio público. Durante el período colonial, el ámbito doméstico-familiar -de “las mujeres y los niños”- había permanecido como una fortaleza ante la avanzada en los asuntos “públicos” de las potencias foráneas que controlaban la región. Concluida la era colonial, en cada uno de los países se desarrolló un proceso de socialización que supuso la obediencia de la familia al Estado a través de la legislación familiar expresada en los Códigos de Estatus Personal, basados en la jurisprudencia islámica.

En este contexto, la “cuestión de la mujer” surgió como un terreno de disputa ideológica que simbolizaba las aspiraciones progresistas de la élite secularista o el anhelo de autenticidad cultural en términos de la tradición islámica. La centralidad de la imagen femenina como símbolo de identidad es, desde entonces, la plataforma sobre la que se disputan las contiendas ideológicas hasta nuestros días, donde aún se resiente desde algunos sectores cualquier manifestación feminista como parte de una política cultural imperial.

FUENTE: Carolina Bracco / Revista Amazonas